domingo, 25 de diciembre de 2022

ROMA LOCUTA, CAUSA FINITA (Eso fue antes), artículo de ÁNGEL AZNÁREZ (publicado en Religión Digital el 9 de diciembre de 2022)

                                    

            A propósito de lo del Colegio Gaztelueta, también llamado “Caso Cuatrecasas-Martínez

                                                          (2ª Parte)

            En la anterior, aquí publicada el 2 de diciembre último, expliqué la razón de escribir sobre este peliagudo asunto, valiendo para ahora. Y escribo sin particulares ni generales ganas, con cuidado, naturalmente, a lo que estoy acostumbrado. Cuando el asunto es importante, el lector y/o lectora tienen derecho a que el escritor se explique bien, sin dudas o revoloteando entre los problemas, como un surfista sobre olas. Lo escrito a continuación ha de leerse como complemento a lo anterior, al texto principal y a los comentarios, a modo de una danza de acompañamiento o de cortejo. 




            I.- Dos ordenamientos: el canónico, que es el de la comunidad de creyentes en la misma fe y desde su bautismo, para la Salvación (salute animarum), y el civil, que es el de los ciudadanos desde su nacimiento y para la paz social. Uno y otro con base común: el Derecho romano.    

La Historia de la preponderancia del uno sobre el otro, el de la Iglesia y el del Estado, fue el argumento principal de la llamada Historia de la Iglesia: dos ordenamientos poderosos, continua y estrechamente relacionados, incluso ahora en tiempos de laicidad, de supuesta separación. Antes, los llamados concordatos, ahora los Acuerdos Iglesia-Estado, son ejemplos de concordia, “superados” los conflictos, incluso bélicos, entrambos. Y advierto de las diferencias profundas entre los dos ordenamientos, teniendo en cuenta que en lo canónico -como en todo lo religioso- prima la jerarquía(hay 242 cánones bajo la rúbrica “De la Constitución jerárquica de la Iglesia”), y prima la obediencia, consiguientemente. Canónico es el Derecho de una comunidad de fe, y de su culto, generador cultura. 




Aconsejo al lector/lectora un ejercicio comparativo, primero cuantitativo, acerca de las muchas veces que el Código de Derecho Canónico emplea la palabra obediencia, y las escasas que tal palabra aparece en el Código Civil; y luego cualitativo, sobre los porqués de las respectivas obediencias, las canónicas y civiles. 

El Estado ha de agradecer la aportación de la Iglesia a sus leyes. Son varias esas aportaciones, recordando ahora una importante, que rebate algunas -no todas- acusaciones de misoginia contra la Iglesia: la igualdad entre el hombre y la mujer en el consentimiento matrimonial, esencia del matrimonio canónico, que, además, es símbolo y sacramento, en el que el clérigo, tiene un papel accesorio. Y escribo de extrañeza, teniendo presente el carácter clerical, autoritario, de la Iglesia. 




Acaso la Iglesia debería reconocer alguna vez, alguna vez, las aportaciones de las leyes civiles a sus reglas canónicas, recíprocamente. La dificultad del reconocimiento viene porque las aportaciones de lo civil a lo canónico se producen a partir de las Luces o de la Modernidad. Si todo lo de esa época, “huele” a Satanás -a cuyo efecto basta leer algunos documentos pontificios del siglo XIX-, no habrá posibilidad alguna de que se produzca el debido reconocimiento. Decir que eso ya está en la Doctrina Social de la Iglesia no vale. 

En cualquier caso, por ejemplo, nada tiene que ver con lo eclesiástico, tanto la legislación procesal-civil (Leyes de Enjuiciamiento Criminal) del siglo XIX, prolija, respetuosa, meticulosa, sobre el enjuiciamiento de las causas penales, así como la teoría del delito y de la pena ya en el siglo XX, con desarrollo de sus principios esenciales, como el de la irretroactividad de la Ley penal. En lo civil lo de latae y ferendae sententiae no es ni imaginable. Y es que “castigar” para el Estado es cosa seria, y para imponer penas, sancionando a ciudadanos libres, “ha de andarse con pies de plomo”. Según apuntes de oposición, el primer artículo, en revista jurídica especializada, que leí sobre el principio de no retroactividad de la Ley, lo escribió el administrativista Villar Palasí, Ministro de Educación de Franco, el señor de El Pardo. 



   

Después de estudiar a fondo, la Ley Hipotecaria, las dos leyes de Enjuiciamiento, y pasando por el Código Civil, tan de este mundo, aspiré a conocer lo más sublime, “lo sacrum” del otro mundo, y qué cosa más sacra que el “ius canonicum”. A eso se llama libido sciendi. Y todo ello no sólo por una necesidad intelectual de comprender el fenómeno jurídico en profundidad, sino también por no poder vivir sin “lo sacro”, importante en mi infancia, y hoy con ahogos en una sociedad “secularizada”, desacralizada. Ello explica el interés, mi estudio, por ese derecho de aspectos divinos cual es el canónico, sin ser clérigo: soy laico. Por haberme sido fundamental, señalo la Juridización de lo sacro, capítulo III del libro de Hauke Brunkhorts, titulado Introducción a la Historia de las Ideas Políticas. Lo que me gusta del Derecho Sacro no son, precisamente, las barbaridades ni los tartamudeos, aunque se adjetiven de “apostólicos”. 



 

II.- El Papa: “Cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra” e infalible en los términos declarados por el Concilio Vaticano I:  

No hay duda de la valentía del Papa Francisco, que, por tener también la plenitud de los poderes judiciales, puso en el banquillo al poderoso Cardenal Becciu; naturalmente que habrá que esperar a ver como termina ese proceso, pues lo importante no está en el principio, sino en los finales. Francisco merece el apoyo en sus luchas dramáticas contra la corrupción. Mas conquistas en el ámbito civil, tales como los llamados derechos fundamentales, aunque para la “salvación” canónica pretendida no sean esenciales, generan incomprensiones, incluso  desprecio. ¿No quedaron San Juan XXIII y el Concilio Vaticano II en la necesaria armonía, aggiornamento, entre el mensaje cristiano y la cultura moderna? No hay duda: en la exculpación canónica declarada en 2015 a la misma persona, posteriormente, en 2020 declarada culpable por un tribunal civil, hubo un grave, gravísimo error. 

¿Por qué no se anunció una investigación al responsable del error, o “trampa” según el padre de la víctima? responsable sea quien sea, padre, hijo o nieto, y de oro, plata o de hule. Hacer frente a las presiones y lobbies poderosos ha de formar parte del “oficio”, con ello hay que contar. Este asunto ahora hasta puede descubrir miedos, miedos a que se sepan cosas humanas, muy secretas, no siendo nadie intocable. Gracias a Fátima Gordillo supe que cobardía (deilia) tiene el poder de encadenar al alma por medio del miedo. 

Y de ninguna manera se ha de confundir: el culpable de abusos sexuales ha sido declarado como tal, es ya cosa juzgada y destruida la presunción de inocencia; también se sabe quién fue la víctima. Y todo lo embarullarán los que fueron torpes y quieren salir indemnes. Lo de 2015, desde el punto de vista canónico, no puede quedar así, comprendiendo la posición papal de querer reestablecer un cierto equilibrio por el disparate, y teniendo en cuenta la legítima petición de la víctima. A quién ya fue condenado en la forma más dura, con una pena privación de libertad por el orden civil, no se le puede seguir mareando. Y que no se adornen con pretextos, que si no hubo anterior condena, que no hubo ni juicio ni instrucción. 

Cómo no va a rezarse por el valeroso Supremo Pontífice, si el mismo no deja de suplicarlo en las Audiencias y al final del Angelus dominical. Si suplica su Santidad que recemos por él, hemos, con la mayor de las humildades filiales, pedirle paziencia e discernimento. 



III.- Lo escrito en anterior parte: “Que la víctima sea testigo es un problema en verdad, pero si eso se rechazase, los abusos y agresiones sexuales quedarían impunes”:  

Si tuviese que redactar una sentencia, tampoco escribiría el entrecomillado anterior, pues seguramente daría pretextos y argumentos a contrario a destacados letrados, como al autor del Dictamen, don Fernando Simón, profesor de Derecho de la Universidad privada de Navarra. Escribiría, por ejemplo, de la erradicación en el moderno proceso penal del axioma testis unus testis nullus, y de otras categorías parecidasAquí sí escribo y reitero lo entrecomillado. Sin duda que la declaración de la víctima puede ser prueba a efectos de condena penal si supera un triple text: credibilidad subjetiva, credibilidad objetiva y persistencia en la declaración. La sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2020, por excluir de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena, por eso mismo, rebajó al autor de abusos sexuales la pena de 12 años a 2 de prisión. Y una sentencia unánime de una Sala del Tribunal Supremo, compuesta de personas de excelencia acreditada en la sabiduría del Derecho Penal (Berdugo, Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo), con redacción de Ponencia a cargo de su Presidente  (Sala 2ª), el Magistrado don Manuel Marchena.  

IV.- Conclusión: 

Tuve dudas en esta terminación de acudir a un vasco, Ignacio de Loyola, o a un manchego, Alonso Quijano, ambos de tiempo del Imperio español, y ambos hidalgos y con pretensiones, optando, finalmente, por el manchego. Al final de El Quijote, al regresar Alonso Quijano a su aldea, ya casi cuerdo, aunque derrotado, al ver que por la campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cogió Sancho “a mano salva” y don Quijote exclamó: “Malum Signum! Malum Signum! Liebre que huye, galgos que la siguen: ¡Dulcinea que no parece!”. 

De las cosas divinas, pasamos a las humanas, y ahora terminamos en la zoología. 

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domingo, 11 de diciembre de 2022

ROMA LOCUTA, CAUSA FINITA (Eso fue antes), artículo de ÁNGEL AZNÁREZ, publicado en RELIGIÓN DIGITAL el 2 de diciembre de 2022


                

"El mismo Cristo que me vio nacer en una habitación de sobriedad monástica"

     

(A propósito de lo del Colegio Gaztelueta, también llamado “Caso Cuartrecases-Martínez”

 

I.- Introducción

Estaba terminando la lectura del libro escrito por Giovanni Maria Vian, titulado El Papa sin corona, editado en España este mismo año por la Biblioteca de Autores Cristianos. Pretendía escribir un artículo, como el aquí publicado, en Religión Digital, el 6 de octubre último, sobre el libro titulado Juan Pablo I, escrito por monseñor Rino FisichellaGiovanni María Vian me interesó siempre bastante, no obstante, en 2013, sobre la renuncia de Benedicto XVI, haber dicho bobadas y babear, lo que en parte era explicable porque entonces Vian era empleado en el Vaticano.  

Fue hoy mismo miércoles, 30 de noviembre, respondiendo a una pregunta del director, don José Manuel Vidal, que deseaba conocer mi opinión sobre el “caso” objeto del presente artículo, cuando decidí escribir esto sobre ello, sabiendo, naturalmente, de su dificultad. Acaso fuera de interés el haber sido magistrado en una Sala Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia.  

Hace meses (a) tuve que estudiar la Sentencia del Tribunal Supremo 3021/2020, de 21 de septiembre de 2020, decidiendo la Sala 2ª del Alto Tribunal sancionar al profesor acusado de abusos sexuales con una pena de dos años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. Que el Presidente de la Sala y ponente de la Sentencia fuere don Manuel Marchena Gómez, del que tanto aprendí, admiro y quiero, no me facilita el trabajo. 

Y hace una semana (b) en el periódico digital El Debate, leí el denominado Dictamen sobre la noticia de la apertura de un nuevo procedimiento penal canónico en el “Caso Cuatrecases-Martínez, elaborado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, don Fernando Simón Yarza. Un buen trabajo dividido en tres partes: Síntesis de hechos (I), valoraciones jurídicas (II) y conclusiones (III), en las que se indica que “la Santa Sede (con la reapertura ahora de un proceso penal canónico), pone en entredicho su propia autoridad moral ante los fieles y ante la sociedad en general. pide que la Santa Sede”. Nunca escrito nada parecido en una Universidad católica.  


            II.- (a) Sentencia del Tribunal Supremo número 3021, de 21/9/2020: (a)

Es difícil pensar que “personas de la calle” estén al tanto de la dureza que supone a unos magistrados, generalmente sensibles con la libertad personal, tener que sentenciar en abusos y/o agresiones sexuales, teniendo en cuenta, de una parte, las altas penas a imponer y, de otra parte, encontrarse con que la prueba esencial en esos odiosos delitos, de tanto escondite y aislamiento, es el testimonio de la víctima (suena casi a disparate la posibilidad de que la víctima sea también testigo y el único). Y si vamos a la Sentencia del Tribunal Supremo, el Ponente, respondiendo al primer motivo de impugnación alegado por la defensa del acusado, que fue argumentar que el Presidente y los dos Magistrados de la Audiencia de Vizcaya, no fueron imparciales, pues “intervinieron activamente tras finalizar el turno de la defensa”, o sea, que preguntaron más de la cuenta, hablando en claro. Fue desestimado el motivo. 

Lo antecedente es importante, pues leyendo las intervenciones orales de los “magistrados bilbaínos”, son apreciables las angustias de éstos por afán de saber, aún a riesgo de una nulidad del juicio por un exceso de preguntas, pareciendo acusadores. Confieso que eso mismo, el querer saber, me fue recurrente, acaso obsesivamente. Y el análisis en la sentencia del Supremo sobre el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de precisión de relojería.

El segundo motivo de impugnación, también planteado por la defensa del acusado, fue considerar que en la Sentencia provincial se vulneró la presunción de inocencia, “sin haberse ajustado (la Audiencia) a los parámetros valorativos proclamados por esta Sala (2ª)”, en referencia a los requisitos que ha de tener la esencial declaración de la víctima. Y por admitir el Supremo aquella vulneración en dos casos -sólo en dos- que, por el horror que me producen no transcribo, supuso rebajar el tipo penal de condena, de 11 años de prisión en la Audiencia, a dos años de prisión en el Supremo.  Límite de dos años que permitió la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad (artículo 80 del Código Penal). Y los requisitos de la declaración de la víctima, analizados en profundidad en la Sentencia, con innumerables citas jurisprudenciales, no dejan, de ninguna manera, resquicio o posibilidad para un mal pensar. 


III.-(b) Dictamen del profesor don Fernando Simón sobre la noticia de apertura de un nuevo procedimiento penal canónico en el “Caso Cuatrecases-Martínez”.

Resulta que el Santo Padre quiso abrir/reabrir un nuevo procedimiento canónico contra el ya condenado por el Tribunal Supremo, incluso con ya designación de los componentes del nuevo Tribunal eclesiástico (“ad hoc”) bajo la presidencia del Obispo Satué, excelentísimo y reverendísimo. La “cosa” empezó al hacerse público aquel Dictamen en El Debate, pudiéndose también leer en Religión Confidencial. No hay que extrañarse que el autor del Dictamen sea de la “Casa”, Universidad de Navarra, pues todos los dictámenes, para presentarlos a los jueces, son así, y llama la atención que un profesor de Derecho Constitucional sepa tanto de Derecho Penal. ¡Estupendo! 

Don Antonio Hernández Gil, que escribió en 1975 El Abogado y el Razonamiento jurídico, en la página 203, comenzando el Capítulo noveno de Los dictámenes, dice: “La actitud del abogado en el dictamen es distinta. Se trata de una tarea más remansada y pacífica. Más adelante añade: “Mientras el litigio es el diálogo abierto con el enemigo, el dictamen tiene algo de reflexión en voz alta”. El autor del dictamen, don Fernando Simón Yarza, nos dice lo que piensa, aunque no tanto de manera remansada y pacífica en su fondo. Eso es verdad, pero también lo es que tiene, a mi juicio razón el dictaminante en asuntos esenciales: tampoco yo entiendo lo de abrir y cerrar procedimientos canónicos como si tal cosa, y no entiendo que se diga que la irretroactividad penal rige para todos por ser de Derecho natural, menos para el Papa, “legislador supremo” según dijo al minuto 75 en rueda de prensa monseñor García Magán (día 25 de noviembre). Otros aspectos del Dictamen no los comparto, lo que es normal: que la víctima sea el testigo es un problema en verdad, pero si eso se rechazase, los abusos y agresiones sexuales quedarían impunes. Enorme problema, sustantivo, procesal y criminológico éste. 

Sabido es que el Papa es un monarca absolutísimo, titular de los tres Poderes, lo cual, acaso, no sea deseable de oír al predicar el Papa sobre las excelencias de la Democracia (viaje último a Grecia). Aquello lo sabemos los que leímos la Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y otra Constitución es la Apostólica Pascite Gregem Deidel Papa Francisco, por la que se reformó el Libro VI del Código de Derecho Canónico, que entró en vigor el 8 de diciembre de 2021, siendo novedad el texto del canon 1398, que no es de aplicación a hechos cometidos en 2008-2010, rigiendo en aquel entonces otro canon, únicamente para clérigos, no siendo clérigo el profesor de Gaztelueta condenado. El canon 9 del Código de Derecho Canónico es contundente: “Las leyes son para hechos futuros, no para los pasados, a no ser que en ellas se disponga algo expresamente para éstos”. Y un jurista acostumbrado a razonar, con todo lo que supone “razonar”, enseñado por Hernández Gil, no puede aceptar que ni un Papa pueda “manipular” lo que es un principio de Derecho natural o fundamental.  


Este es el asunto sustantivo y el procedimental, que es la reapertura de un nuevo procedimiento penal y canónico, es otro. Pero esto de abrir y cerrar procedimientos al antojo de UNO, que ese uno sea el Papa, también produce un cierto rechazo. Seguramente, en 2015, al cerrar el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por causa de inocencia, la investigación contra el luego condenado por los tribunales civiles españoles, se cometió un error -el padre de la víctima habló de “trampa”-. En la legislación hay dos instituciones que resolvería el problema: los sobreseimientos, libres y provisionales, y los recursos de revisión. En el ámbito canónico, una cosa son las enormes, inmensas atribuciones del Sumo Pontífice por su alta responsabilidad y misión vicarial (de Cristo), y otra cosa es que sea el Papa omnipotente, cosa que ni siquiera el Concilio Vaticano I se atrevió a afirmar. 


IV.- Y otra vez lo de la fábula del combate entre tejón y la serpiente: 

No hace mucho escribimos sobre ello, el 19 de noviembre último. Que el “Roma locuta” deje de ser “Causa finita”, puede ser cierto, pero muy peligroso, casi tanto como querer mandar más de la cuenta en el Vaticano. Giovanni Maria Vian, sabio en lo del Vaticano, aunque ahora ya no esté en L´Osservatore Romano, escribió este mismo año: “El peso de la Historia explica que el poder en el Vaticano está muy repartido y nunca tiene un foco claro: el papa, la Curia, los Obispos”. Eso hace difícil querer mandar allí y reitero lo de mi fábula. 

Fue en octubre de 1981 cuando San Juan Pablo II decidió intervenir la Compañía de Jesús, lo cual fue asumido con sabiduría y experiencia de siglos por esos clérigos tan peculiares que son los jesuitas, no sabiendo si son tan expertos en complots como se escribe en los libros acerca de ellos. En el de Vian sobre Juan Pablo, que es un conjunto de varias aportaciones de diferentes autores, hay mucho sobre los complots jesuíticos. 

Pensando en aquel episodio de intervención papal, se me ocurre cavilar en voz alta: es arriesgado y mucho, en páginas webs de carácter confesional y al parecer muy dependientes de asociaciones eclesiásticas, tipo “Religión Confidencial”, hacer las advertencias y/o amenazas, muy peligrosas para el medio y sus escritores, como las que se hacen en el artículo que lleva el siguiente título: “El Obispo de Teruel, Satué, ha recurrido a Roma para recabar los documentos que le permitan actuar en el “Caso Cuatrecases-Martínez”. Me remito al artículo. 

Nunca escrito nada parecido en un periódico digital de confesionalidad católica. Y no es que sea este articulista asustadizo: En mi artículo El arzobispo del Ordinariato militar de España, aquí publicado el 16 de enero de 2022 denuncié malas actuaciones muy gruesas. Pero soy laico, sin votos y no apuntado en asociación católica. Seguramente los rabiosos anticlericales estén frotándose las manos. 

¿Alguien podrá pretender que monseñor Ocáriz, protonotario apostólico y prelado del Opus Dei, sea en la segunda década de los años 2000 lo que fue el P. Arrupe en los años ochenta del pasado siglo? ¿Alguien tendrá prisa en que Monseñor Fazio deje de ser vicario auxiliar del Opus Dei? Éste ya dijo hace tiempo que “Los católicos sin el Papa, no somos nada”. Y que no se dude: si el Vaticano no frena la actual deriva y/o confrontación por las buenas, lo hará por las malas, pues no admite que desde dentro de la Iglesia se ponga de los nervios personas tan queridas como son los obispos de Bilbao y de Teruel, a cardenales como Ghirlanda ni al mismo Papa.

Y más preguntas: ¿Cómo es posible que gentes tan inteligentes, estén ahora haciendo y escribiendo tantas cuestiones jurídicas sensatas, en un proceso de tanta insensatez? Y me respondo: Las tonterías echas por tontos son eso, tonterías; las tonterías echas por gentes inteligentes son grandes equivocaciones. 

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